(Desplácese hacia abajo para leer este comunicado de prensa en español)
Peruvian journalists who report on matters of public interest often face criminal defamation charges with a severe impact on their lives and their capacity to work, a new report by the Clooney Foundation for Justice’s TrialWatch initiative has found.
The report––prepared jointly with the American Bar Association Center for Human Rights and based in part on data from the Asociación Nacional de Periodistas, Peru’s leading journalistic association––concludes that this trend poses an alarming threat to freedom of expression that contravenes Peru’s regional and international commitments.
“Journalism in Peru is under siege,” said Zuliana Lainez, President of the National Association of Journalists of Peru. “Attacks from all branches of the State, the criminalization of journalistic activity, judicial harassment, obstacles to accessing information, stigmatization—and now even murder—constitute deliberate efforts to silence the voices of those who are essential for people to exercise their right to know.”
The report’s findings are built on an analysis of 56 criminal defamation cases filed between 2007 and 2022 and the experiences of Peruvian journalists shared in interviews and a survey.
In more than 75% of the cases, journalists were charged with criminal defamation after reporting on public-interest issues, one of their most central responsibilities. The report also found that 93% of those cases were filed by public figures, who should be expected to tolerate heightened public scrutiny rather than use the law to try to shield themselves from criticism.
“The report’s release comes amid mounting pressure on press freedom in Peru,” said Ignacio Jovtis, Senior Program Manager at TrialWatch. “A flurry of restrictive legislative initiatives threatens to make reporting on public figures, including public officials in Peru, even more dangerous.”
Some of the cases in the dataset appear to be Strategic Lawsuits Against Public Participation, or SLAPPS, an increasingly common way that the powerful try to use the courts to suppress critical speech. The report shows that in many cases, Peruvian courts failed to sufficiently analyze whether the speech in question deserved heightened protection—and not once did they apply administrative guidance from the Supreme Court to evaluate whether a complaint was “lacking support” or filed “with the purpose of intimidating” journalists.
TrialWatch also found that those accused of defamation spend an average of one and a half years embroiled in legal proceedings that have a significant financial, professional and psychological impact on them, before even meritless cases can be dismissed. Other journalists reported self-censorship, fearing a similar fate to that of their colleagues.
While the 2006 Supreme Court Plenary Decision (Acuerdo Plenario 3-2006/CJ-116) was supposed to fill interpretive gaps in the law, and mitigate the risks to public-interest speech, the report finds that this guidance––though binding on all courts––has failed to prevent the systemic abuse of defamation cases to curtail press freedom. Indeed, the Decision was not even cited in 45% of the cases we examined.
“The report makes clear that powerful figures are weaponizing the legal system to intimidate journalists and suppress investigative reporting,” said Jessica T. So, International Legal Advisor at the American Bar Association Center for Human Rights. “The Supreme Court has the opportunity to protect public interest speech by clarifying how defamation complaints should be handled.”
You can read the report in English here and in Spanish here.
ABOUT THE CLOONEY FOUNDATION FOR JUSTICE’S TRIALWATCH INITIATIVE
TrialWatch provides free legal aid to journalists who are unfairly imprisoned to secure their release and uphold freedom of speech.
ABOUT THE CLOONEY FOUNDATION FOR JUSTICE (CFJ)
The Clooney Foundation for Justice (CFJ) wages justice by providing free legal aid in defense of free speech and women’s rights in over 40 countries. Its work has led to dozens of journalists being set free and thousands of women receiving free legal support to defend their rights.
Informe de TrialWatch determina que las leyes sobre difamación penal amenazan la libertad de prensa en Perú
Un nuevo informe de la iniciativa de TrialWatch de la Fundación Clooney para la Justicia ha determinado que en Perú es habitual que se presenten demandas penales por difamación contra periodistas que informan sobre cuestiones de interés público, con un grave impacto sobre sus vidas y capacidad para trabajar.
El informe ha sido elaborado en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Abogacía y se basa parcialmente en datos de la Asociación Nacional de Periodistas; la asociación líder de quienes ejercen el periodismo en Perú. Su conclusión es que esta tendencia presenta una amenaza grave a la libertad de expresión e infringe los compromisos regionales e internacionales de Perú.
“El periodismo en Perú se encuentra bajo asedio”, afirmó Zuliana Lainez, Presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de Perú. “Ataques desde todos los poderes del Estado, criminalización de la actividad periodística, acoso judicial, trabas de acceso a la información, estigmatización, y hoy incluso el asesinato, constituyen ataques deliberados que pretenden silenciar las voces de quienes son esenciales para que la gente ejercite su derecho a saber”.
Los hallazgos del informe se fundan en el análisis de 56 casos de difamación penal iniciados entre 2007 y 2022, y en las experiencias de quienes ejercen el periodismo en Perú, recabadas en entrevistas y en una encuesta.
En más del 75 % de los casos, se acusó a periodistas de difamación penal por informar sobre cuestiones de interés público, una de sus responsabilidades más esenciales. El informe también determinó que el 93 % de esos casos fueron presentados por figuras públicas, que deberían tolerar un mayor escrutinio público en lugar de utilizar la ley como blindaje contra las críticas.
“El informe se publicó en el contexto de una presión cada vez mayor en torno a la libertad de prensa en Perú”, expresó Ignacio Jovtis, Gerente Sénior de Programas en TrialWatch. “Un aluvión de iniciativas legislativas restrictivas amenaza con poner en aún más peligro a quienes denuncien a figuras públicas, incluidas aquellas que trabajan en la función pública, en Perú”.
Algunos de los casos incluidos entre los datos analizados parecen ser Demandas Estratégicas contra la Participación (conocidas como “SLAPP”, por sus siglas en inglés), una forma cada vez más habitual en que las personas poderosas intentan utilizar el sistema judicial para acallar las críticas. El informe destaca que en muchos casos los jueces y las juezas de Perú no analizaron adecuadamente si las declaraciones controvertidas ameritaban una mayor protección; y ni una sola vez aplicaron la orientación administrativa de la Corte Suprema para evaluar si las demandas estaban “desprovistas de fundamento” o “formuladas de mala fe” con el propósito de intimidar a quienes ejercen el periodismo.
TrialWatch también reveló que las personas acusadas de difamación pasaron un promedio de un año y medio implicadas en procesos judiciales que generan un impacto financiero, profesional y psicológico considerable, incluso antes de que se puedan desestimar los casos por falta de mérito. Otras personas que ejercen el periodismo han manifestado que se autocensuran, por temor a sufrir el mismo destino que sus colegas.
Si bien el Acuerdo Plenario 3-2006/CJ-116 emitido por la Corte Suprema en 2006 debía cubrir las lagunas en la interpretación del derecho y mitigar los riesgos para las declaraciones relacionadas con el interés público; el informe ha determinado que a pesar de su efecto vinculante para todos los jueces y las juezas, estos lineamientos no han logrado impedir el abuso sistematizado de los casos de difamación para restringir la libertad de prensa. En efecto, en el 45 % de los casos analizados ni siquiera se citó este Acuerdo Plenario.
“El informe deja en claro que las figuras poderosas están utilizando el sistema judicial como un arma para intimidar a quienes ejercen el periodismo y restringir las investigaciones periodísticas”, manifestó Jessica T. So, Asesora Legal Internacional del Centro de Derechos Humanos de la Asociación Americana de Abogacía. “La Corte Suprema tiene la oportunidad de proteger las declaraciones de interés público aclarando cómo se debería proceder ante demandas de difamación”.
Puede leer el informe en inglés aquí y en español aquí.
ACERCA DE LA INICIATIVA DE TRIALWATCH DE LA FUNDACIÓN CLOONEY PARA LA JUSTICIA
TrialWatch brinda asistencia legal gratuita a periodistas que están injustamente en prisión para asegurar su liberación y defender la libertad de expresión.
ACERCA DE LA FUNDACIÓN CLOONEY PARA LA JUSTICIA
La Fundación Clooney para la Justicia (“CFJ”, por sus siglas en inglés) defiende la justicia proporcionando asistencia legal gratuita para preservar la libertad de expresión y los derechos de la mujer en más de 40 países. Su trabajo ha resultado en la liberación de decenas de periodistas y en miles de mujeres que han recibido asistencia legal gratuita para proteger sus derechos.